Boletín 

Del 23 al 25 de junio del 2023, altos funcionarios de más de 60 bancos centrales de todo el mundo se reunieron en Basilea, Suiza para participar en la asamblea anual del Banco de Pagos Internacionales (BPI), históricamente el primer enclave del capitalismo financiero internacional. Como cada año en este “banco central de los bancos centrales”, los representantes de los distintos países discutieron entre comités selectos, a puertas cerradas, sin orden del día ni minutas públicas, las directrices y recomendaciones que rigen el sistema financiero global y sientan las bases de la gobernanza monetaria en todo el planeta - un planeta que, a pesar de todo el fundamentalismo cortoplacista del crecimiento indefinido y el mantra de la estabilidad financiera, hoy registra olas de crisis, temperatura, despojo y violencia inéditas.

 
Simultáneamente, una amplia coalición de movimientos sociales y ambientales lanzaron el Foro de los Pueblos por la Justicia Climática y la Regulación Financiera con una exigencia compartida: terminar con el financiamiento del extractivismo fósil. Delegados de más de 30 países provenientes de distintas culturas políticas, tanto del norte como del sur global, con distintas edades, conocimientos y experiencias de lucha se reunieron en ese espacio para discutir los problemas compartidos, las causas profundas y las estrategias posibles de acción conjunta frente a la catástrofe climática, el despojo y precarización de los pueblos y la destrucción de sus ecosistemas y medios de vida. Denunciaron el carácter antidemocrático y colonial de las instituciones financieras que estructuran el capitalismo transnacional actual y sustentan la acumulación y concentración de capital a través de la destrucción de las comunidades, los ecosistemas y el planeta.

 
Específicamente resaltaron el rol fundamental que juega el BPI en la perpetuación sistemática del extractivismo energético y en la intensificación del cambio climático. El BPI ha operado desde hace tiempo en silencio, lejos del escrutinio público y sin rendición de cuentas, negando su corresponsabilidad en la devastación planetaria y argumentando que la estabilidad financiera y la política monetaria son asuntos técnicos, neutrales, que no influyen directamente en el cambio climático y la violación de derechos sociales y ambientales. Claro que entre los debates recientes, se encuentran los “esfuerzos” por poner al clima y al planeta en el centro de sus decisiones institucionales. Pero hasta ahora eso sólo se ha traducido en débiles medidas de transparencia, la adhesión voluntaria a foros de reflexión y estímulos engañosos como los bonos de inversión verdes que siguen reduciendo nuestras vidas a datos sobre beneficios, riesgos e incentivos económicos para el gran capital, intensificando la mercantilización de la naturaleza y reforzando los ajustes estructurales que aumentan las desigualdades y el sometimiento de los pueblos. Sus estándares de transparencia, regulación y supervisión bancaria sólo han servido para garantizar la estabilidad de los grandes capitales y los intereses corporativos, no de nuestros mundos y sociedades. El Foro de los Pueblos ha mostrado que la destrucción y explotación capitalista no es ni inevitable, ni un asunto meramente técnico, sino una decisión política. Ni esta, ni ninguna otra institución de la gobernanza financiera internacional nos pasa desapercibida. Si quieren seguir financiando la catástrofe en curso, se tendrán que enfrentar a nuestras resistencias.

Desde el Foro se ha comenzado a tejer una plataforma translocal para organizar acciones diversas frente al sistema financiero, avanzando hacia la autodeterminación económica de los pueblos y la democratización y descolonización de nuestras sociedades. Como primer paso hacia la recuperación del crédito como un bien común, se busca el fin definitivo y sistemático del financiamiento al extractivismo fósil. La industria fósil es particularmente relevante por el papel que desempeña no sólo en el cambio climático, sino más fundamentalmente en la reproducción y expansión del destructor sistema económico actual. Detener los flujos financieros de la industria fósil resulta hoy tanto urgente como necesario. Pero con eso no se debe perder de vista que cambiar los recursos, las zonas y las tecnologías extractivas, no es sinónimo de cambiar de modelo. El extractivismo verde sigue siendo extractivismo. Es por eso que desde el Foro luchamos también por sostener alternativas de vida locales con la convicción que la transición no sólo debe ser ordenada, sino sobre todo justa, plural, desde y para las comunidades. La verdadera transición será la transición económica y ecológica de nuestros modos de habitar, construída desde abajo, con la fuerza de nuestros movimientos. 

PRINCIPIOS

1. Un rechazo claro a la economía y a la ecología neocolonial, al capitalismo extractivista y a las instituciones y políticas financieras que durante tanto tiempo han explotado y controlado nuestras sociedades, y que hoy atizan la catástrofe climática, social y ambiental.
2. Una lucha plural por la vida, por un planeta habitable, por los derechos de la naturaleza, por la autodeterminación de los pueblos, por la defensa y protección de los sistemas propios de conocimiento de los pueblos originarios, indígenas y tribales, y por el respeto de los derechos fundamentales al agua, la tierra y el territorio. Y el reconocimiento común que luchar por el ambiente implica luchar por los pueblos y viceversa: luchar por los pueblos es defender el ambiente. Sin ecosistemas no hay comunidades, sin comunidades no habrá ecosistemas. 
3. Una alianza internacional, interseccional e intergeneracional de líderes comunitarios e indígenas en resistencia, de activistas por la justicia social y ambiental en todo el mundo, de trabajadores y trabajadoras organizadas, de líderes políticos, de grupos de diásporas antirracistas y redes de solidaridad transoceánicas, y de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para presionar a las instituciones financieras.
4. Un enfoque estratégico en la denuncia y presión hacia la estructura política que sostiene este sistema de explotación e impunidad formado por los bancos privados y centrales, las agencias de calificación de riesgo, las empresas de gestión de activos, las compañías aseguradoras y las instituciones multilaterales de gobernanza como el Banco de Pagos Internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los llamados bancos "de desarrollo". Y un diagnóstico compartido de la corresponsabilidad que dichos actores tienen en la instauración de prácticas discriminatorias de crédito y tipos de interés estructuralmente diseñadas para alimentar el crecimiento constante, la acumulación y concentración de capital, el extractivismo energético y  desigualdades cada vez más insostenibles.
5. Una multiplicidad de tácticas que incluyen, pero no se limitan, a la desobediencia civil, las acciones directas, el bloqueo y sabotaje de infraestructuras, la incidencia política, la producción y divulgación de conocimiento, la sensibilización pública, las campañas de desinversión, la presión mediática, y el diseño e impulso de políticas públicas y mecanismos regulatorios
6. Una coordinación horizontal, descentralizada y autónoma
7. Un llamado a los pueblos, los sindicatos, las comunidades indígenas, las comunidades afectadas de campesinos y pescadores, los líderes políticos, las organizaciones y movimientos sociales a unirse para enfrentar el pasado y el presente del extractivismo colonial, reclamando el crédito para el bien común, construyendo alternativas de vida locales a los Estados a servicio de los intereses corporativos y avanzando hacia la transformación democrática o la sustitución definitiva de las instituciones que operan de facto como el corazón del capitalismo transnacional. 

Manifiesto (síntesis)

1) El Foro de los Pueblos

Nosotros, el Foro de los Pueblos, desde nuestras comunidades en resistencia, nuestras diásporas y redes de solidaridad internacional, nuestros movimientos de base por la justicia social y ambiental, y nuestras organizaciones de la sociedad civil enfocadas a la crítica del mundo financiero, hacemos este manifiesto en nombre de la vida, la Tierra, la autodeterminación de los pueblos, la autonomía, la justicia y la construcción de lo común a través de la afirmación de la diversidad.

Nosotros, el Foro de los Pueblos, declaramos hoy más que nunca que nos encontramos en un punto de no retorno: la catástrofe que fue y sigue siendo el capitalismo colonial, hoy intensifica su violencia, amenazando la existencia de nuestros distintos modos de vida y la posibilidad misma de habitar en común este planeta. 

2) Los problemas y sus causas

Este perverso sistema económico y financiero es el motor de la catástrofe planetaria. Contra la voz de nuestros movimientos, contra los saberes ancestrales y los conocimientos científicos, contra el sentir y la convicción de nuestros pueblos, las compañías transnacionales del capitalismo extractivista siguen acumulando y concentrando capital, provocando en el proceso el caos climático masivo, destruyendo ecosistemas, apropiándose de territorios y despojando comunidades con total impunidad. Sus mecanismos de operación dependen del oligopolio privado en el control del crédito, el financiamiento de parte de las bancos y las aseguradoras, la complicidad de gobiernos nacionales e instituciones internacionales, y una concepción del riesgo que solamente toma en cuenta el lucro privado a corto plazo y no los riesgos para la vida de los pueblos y la Tierra. 

3) Nuestras reivindicaciones

- Reclamamos el control de las finanzas y el crédito desde y para los pueblos. Luchamos por reescribir las reglas y refundar las instituciones financieras del capitalismo transnacional desde una perspectiva democrática y decolonial, que sirvan a la voluntad de las comunidades y los ecosistemas locales, y no a las directrices corporativas de la acumulación de capital y sus lógicas extractivistas 

- Luchamos por un planeta habitable y común. Por la autodeterminación de los pueblos sobre sus cuerpos, tierras y territorios. Y contra todas las instituciones, políticas y compañías que atentan contra la Tierra y las comunidades que en ella habitan.

- Nos levantamos contra los sistemas de intimidación y corrupción, para refundar sociedades plurales, deliberativas, autónomas y auténticamente democráticas en las que las decisiones económicas se realicen en favor de los pueblos, los ecosistemas y el planeta

- Caminamos hacia un mundo post-extractivista en el que se haga frente al caos climático y se avance hacia transiciones energéticas, ecológicas y económicas justas y comunitarias.

4) Nuestras exigencias estratégicas a corto y mediano plazo

Hacemos un llamado a las fuerzas contestatarias y a las personas y las organizaciones comprometidas para tejer alianzas, enfrentarse a las instituciones que rigen el capitalismo transnacional, y luchar por una transformación radical de nuestros sistemas económicos y financieros. Como primeros pasos en ese sentido: 

1. Exigimos a las entidades financieras y sus organismos multilaterales de gobernanza como el Banco de Pagos Internacionales (BPI), el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB), el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) del G7 y el G20: reparaciones, la garantía del Derecho a Decir No, el Consentimiento Libre, Previo e Informado y la consulta previa vinculante para el financiamiento de todo proyecto extractivo. 
2. Exigimos la aplicación de la regla prudencial "uno por uno" a las inversiones y préstamos de la industria fósil. Es decir, un cuadro normativo que obligue a los bancos a aportar garantías colaterales del 100% sobre todos los préstamos futuros a compañías y proyectos de combustibles fósiles, dado el riesgo inaceptable que entrañan. 
3. Demandamos a los Estados nacionales y los organismos multilaterales de gobernanza internacional como las Naciones Unidas a que apoyen, diseñen e implementen regulaciones para que los derechos humanos y ambientales prevalezcan por sobre el lucro público o privado. En específico, para que se impida todo respaldo financiero a actividades que ponen en riesgo los derechos de comunidades o ecosistemas críticos. 
4. Exigimos medidas concretas hacia la descolonización de las instituciones financieras internacionales, para que reflejen un carácter plural y democrático en sus composiciones y procesos de toma de decisiones. Específicamente, promovemos la representación equitativa de los países del Sur Global en instituciones como el BPI o el FMI y sus comités anexos. 
5. Demandamos la anulación de la ilegítima deuda neocolonial que se le ha impuesto a países del Sur Global

Para avanzar conjuntamente hacia la resolución de estas demandas:

- Convocamos acciones y movilizaciones en todo el mundo para presionar a los bancos centrales y las agencias de calificación de riesgo a tomar en cuenta el riesgo climático y social a largo plazo a la hora de fijar los tipos de interés de préstamos y créditos

- Llamamos a fortalecer campañas internacionales e interseccionales existentes que luchan contra la impunidad corporativa, la deuda ilegítima, el despojo de la tierra y el territorio, la precarización energética y el financiamiento de proyectos extractivistas.

- Invitamos a fortalecer los procesos de resistencia y las alternativas locales, autónomas y comunitarias que luchan contra el capitalismo verde, por la reapropiación de los medios de producción y subsistencia, y por la creación de economías auto-sustentables, basadas en el principio de soberanía alimentaria. Así como por el reconocimiento y el respeto de la experiencia de los pueblos originarios y el reforzamiento de modos de vida arraigados en el cuidado de las culturas y la naturaleza.  

- Denunciamos la persecución sistemática y los asesinatos de las y los activistas sociales y defensores de la naturaleza en todo el mundo. Y exhortamos a la creación de mecanismos de protección, y redes de apoyo y solidaridad que garanticen su seguridad. 

Manifiesto 

I. Lo que somos

Venimos de lugares distintos y distantes. Nuestras historias se cuentan en ritmos y lenguas diversas. Nuestras tierras albergan mundos, sueños y saberes singulares, plurales, fundamentalmente irreductibles. Nuestras aguas fluyen cada una a su modo.  Somos los ríos que descienden de las montañas Rocallosas hasta la Tierra del Fuego. Somos los arrecifes que moran el Paso de la Isla Verde y el resto del archipiélago filipino. Somos el lago Victoria y los deltas del Rhin. Somos a la vez la Selva Negra, la Huasteca Potosina y el bosque de Hasdeo Arand. Somos la Costa Salvaje de Pondoland, el litoral de Casamance y las bahías de Chimbote. Somos los pueblos, las aves y las nubes que hacen palpitar la Amazonía y viven del Mediterráneo. Nuestro habitar colectivo se teje desde el reconocimiento y el respeto de los lugares de los que nacen y crecen nuestras diferencias. 

 Compartimos pocas cosas. Pero no por pocas, menos determinantes. Compartimos una vida y un planeta, y la convicción de que cuidar uno es defender la otra. Compartimos vínculos de solidaridad, cooperación y ayuda mutua, sin importar las distancias o las fronteras. Compartimos experiencias y esperanzas en un habitar común, un habitar que no oculte y aniquile nuestras singularidades, sino que las valore, conserve y enriquezca. 

 También compartimos sin embargo las mismas rabias y dolores. El sentir de la tierra cuando los tentáculos del capital explotan, despojan, corrompen, destruyen y asesinan. Compartimos historias coloniales en donde el beneficio de unos pocos depende de la miseria de muchos otros, en donde la expansión de un modo específico de existir se perpetúa a través de la conquista, sumisión y extinción del resto. Compartimos la justa indignación por cada paisaje desolado, cada familia desplazada, cada río contaminado, cada lengua y especie extinguida, cada trabajadora oprimida, cada activista perseguido. Compartimos el pesar por todos nuestros muertos y nuestros desaparecidos. 

 Pero para nuestros muertos, nuestros desaparecidos, nuestros territorios y paisajes devastados, ni un minuto de silencio. Porque compartimos sobre todo el furor de nuestras luchas y el clamor de nuestras resistencias. Desde la nación Wet'suwet'en, el pueblo Nahua o Uitoto, y los comités de Amadiba, algunas de nosotras llevamos luchando durante siglos de extractivismo colonial, sin ceder nunca nuestras tierras. Otros, desde los fiordos escandinavos hasta los Alpes, algunas décadas o apenas algunos años. 

 Tenemos visiones distintas. Usamos tácticas y estrategias diferentes, no siempre concordantes. Hay quien sale a la calle a marchar y se encadena en protesta a una alcaldía. Hay quien organiza una asamblea, una huelga, cierra un puerto y defiende con su cuerpo el territorio. Hay quien irrumpe en los bancos para denunciar crímenes y complicidades, y quien más bien dialoga para persuadir a los accionistas. Algunos comparten fotos y mensajes de visibilización y solidaridad en sus redes. Otros buscan bases de datos y difunden informes. Algunos más hacen una manta, una canción, un póster o una performance de protesta. También hay quien discute y diseña leyes y regulaciones, quien sabotea y desarma infraestructuras, quien prepara talleres, recupera tierras, organiza cooperativas, acude al tribunal o abre su casa para recibir a un exiliado. 

No estamos de acuerdo en todo. Pero la palabra va y viene, y en nuestra pluralidad está nuestra fuerza. Nos hemos encontrado para defender, cada uno a su modo, la vida, el agua, el aire, la tierra, las prácticas que hacen subsistir lo común y abren la posibilidad de una genuina democracia. Nos hemos encontrado para luchar por un planeta justo, digno y habitable, una casa para las generaciones futuras y las comunidades presentes. Nuestro yo colectivo nace de los encuentros y las relaciones que nos hacen ser lo que somos: un ecosistema que hoy se organiza y se levanta. 

II. Lo que vemos, sentimos y sabemos

Vemos y sentimos una Tierra herida, enferma. Un status quo que no es y nunca fue viable. Una catástrofe civilizatoria y una civilización catastrófica que atenta contra la vida misma, contra su memoria, su presente y su posibilidad de reproducción futura. 

Vemos y sentimos eso que los reportes científicos y los comités de investigadoras e investigadores nos han enseñado a llamar el “cambio climático”, y que personas de algunos de nuestros pueblos nombraban ya antes de otro modo, en otras lenguas. Lo vemos y sentimos en el calor de nuestros mares y el crecer de las mareas, en los bosques que arden, los pozos que se secan y los huracanes que abundan y se intensifican, en el sol abrasador que despunta al mediodía, cada verano más ardiente que el anterior, y en las cosechas cada vez más pobres e impredecibles. Lo vemos y sentimos en la muertes que por miles dejan las inundaciones y las sequías. Lo vemos y sentimos en los cuerpos que se han perdido bajo las balsas y los buques, arrastrados por las corrientes migratorias del exilio, con el único delito de haber querido buscar refugio en otros horizontes. Sabemos que eso que vemos y sentimos no es igual en todas partes. Y que aunque el caos sea planetario, hay quien lo siente en su casa, su panza y su piel, y quien más bien lo lee en un par de informes.

Sabemos también que las causas no son fortuitas, ni ocultas. Y que las responsabilidades son tan asimétricas como los males: los más responsables, no son los más afectados; los más afectados, no son los más responsables. Pero además, para algunas de nosotras, la degradación progresiva de nuestras condiciones de vida no es un fenómeno reciente, ni mucho menos un presagio situado en un futuro más o menos cercano. Es la larga historia de nuestros pueblos colonizados. Una larga historia de depredación y despojo en donde la acumulación y concentración de la riqueza en pocas manos se ha erigido sobre paisajes desertificados, tierras robadas y culturas exterminadas. Sabemos que el ensamblaje de prácticas, instituciones e infraestructuras que hoy perpetúan esa historia a través de jerarquías racistas, antropocéntricas y de género llevan el nombre de capitalismo. Y que para satisfacer sus necesidades de crecimiento indefinido, el capitalismo depende de la exploración, explotación y extracción de recursos - y especialmente de un tipo de recursos: los que se agrupan en el espectro de las energías fósiles. La industria del gas, el petróleo y el carbón no son sólo las fuentes de lejos más significativas de emisiones de carbono que están calentando el planeta, sino el combustible principal de ese modo de producción, acumulación y consumo que actualmente compra democracias y genera guerras en nombre del progreso. 

Vemos y sentimos que el extractivismo fósil se expande con los mismos patrones de operación en todas partes. Son las mismas compañías, los mismos grupos corporativos con ramas locales que rebautizan a medida, con los mismos bancos e inversores, que avanzan a lo largo y ancho del planeta. Primero, depredando paisajes y destruyendo ecosistemas. En las montañas centrales de la Sierra Madre Oriental, pretenden trasvasar el cauce de los ríos, dejando sin fuentes de agua a miles de plantas, animales y personas, para alimentar parques industriales y pozos petroleros. En los archipiélagos del Pacífico, la construcción de decenas de terminales de gas natural licuado amenazan los arrecifes y la vida marina. En las costas latinoamericanas los centenares de derrames petroleros hacen flotar peces muertos de las aguas. Lo vemos y sentimos en el silencio que han dejado las aves extintas y el páramo de los claros desolados. Ahí dónde antes había un bosque y ahora un gasoducto. Ahí donde de las tierras y las aguas contaminadas por la fracturación hidráulica ya no crece más que el desamparo. 

Segundo, los vemos y sentimos en la destrucción de comunidades, sus economías, territorios lenguas y saberes. La destrucción de los ecosistemas es también la destrucción de los medios de vida de las comunidades locales. En Vaca Muerta, Argentina las familias de mapuches han sido desplazadas, y las manzanas y las peras que las poblaciones sembraban ya no crecen porque después de la actividad petrolera, los suelos se han vuelto irrecuperables. Asimismo, en la selva amazónica, compañías como Perenco recurren a todos los medios para explotar hidrocarburos en reservas naturales y territorios de comunidades indígenas no contactadas o en aislamiento voluntario, poniendo en riesgo su existencia física y cultural. En Uganda, India o Colombia la industria fósil ha acaparado tierras a través de mentiras y el uso de la fuerza. En Senegal, Filipinas o Perú se destruyen manglares y se restringe el acceso de pescadores artesanales al mar para construir plataformas petroleras y puertos de exportación. En los territorios de las Primeras Naciones de lo que ahora se llama USA o Canadá, las compañías destruyen sitios sagrados e intimidan a las comunidades con armas, multas y procesos judiciales. Hablamos de comunidades divididas, derechos vulnerados y tierras despojadas. De lenguas y tradiciones que desaparecen. De autoridades tradicionales ignoradas, desdeñadas, suplantadas.

Tercero, lo vemos y sentimos en nuestros cuerpos. En las afecciones y los trastornos que brotan cerca de las zonas de explotación de fracking. En la leucemia que ahora cargan los hijos de nuestros amigos y familiares, y los padecimientos pulmonares de los trabajadores y las trabajadoras de las minas de carbón. En los dientes caídos y los miembros perdidos en las plataformas de explotación. 

Cuarto, en la corrupción y colusión de las autoridades estatales y los organismos internacionales. A los más altos niveles, los contratos de explotación, los cambios en el uso del suelo, la aprobación de los estudios de impacto ambiental y social, o la taxonomía y el marco regulatorio de la sustentabilidad se han construido con sobornos y cabildeos de las corporaciones transnacionales, pasando leyes y regulaciones en favor de los intereses del gran capital fósil. Políticos, parlamentarios y agentes técnicos firman jugosas concesiones y producen informes a sueldo, para justificar y posibilitar la expansión industrial, permitiéndole a las compañías sin fronteras ni banderas seguir actuando con total impunidad. 

Quinto, en la persecución y asesinato de quienes nos organizamos para protestar. Desde África del Sur hasta México o Colombia, las y los activistas sociales y defensores de la naturaleza enfrentamos el acoso sistemático, la privación de nuestra libertad y no pocas veces atentados a nuestras vidas o las de nuestros familiares. Sabemos lo que es una intimidación. Algunas de nosotras hemos tenido que dejar nuestros hogares, escapando de amenazas de muerte. Otros hemos pasado injustamente más de una temporada en prisión. Hay incluso quien sabe lo que es sobrevivir una tentativa de homicidio. Hemos llorado a más de un colega, un amigo, un conocido, un pariente asesinado por alzar la voz, por atreverse a defender lo que más quiere y estima.

Sexto, en la precarización de las clases populares y el aumento de las desigualdades. La pobreza energética es ya una realidad patente, incluso en países europeos. Con las bombas que retumban en Ucrania, la especulación y la inflación creciente, estamos viviendo un aumento significativo de los precios energéticos, afectando a quien de por sí tiene más dificultades para pagar sus facturas. Las compañías energéticas, sin embargo, han registrado ganancias récord, jugando y lucrando con las necesidades de la gente.

Sabemos que todas estas cosas que vemos y sentimos están siendo sostenidas y financiadas por una serie de instituciones y mecanismos financieros que se benefician masivamente de la extracción de combustibles fósiles. Calificaciones crediticias y tipos de interés, políticas económicas nacionales, tratados de libre comercio e inversión, condiciones comerciales asimétricas que generan deuda ilegítima y empujan a los países del Sur Global a aceptar políticas extractivistas, impuestas mediante la corrupción y la violencia: todas las estructuras del capitalismo neoliberal están diseñadas para acumular capital en manos de unos pocos, alimentando una espiral de desigualdad y crecimiento sin fin. Sus mecanismos de funcionamiento dependen del oligopolio privado en el control del crédito, la financiación de bancos y aseguradoras, la complicidad de los gobiernos nacionales y las instituciones internacionales, y una concepción del riesgo que sólo tiene en cuenta los beneficios económicos privados a corto plazo y no los riesgos para la vida de las personas y la Tierra. 

Sabemos por último que lo que algunos llaman “transición ordenada” es menos una transición y más la reproducción del orden existente. Que históricamente nunca ha habido una transición energética, sino una acumulación de actividades extractivas y recursos explotados que no se sustituyen, sino que se adicionan: primero el carbón, luego el petróleo y ahora la energía eólica y solar se han sumado sin reemplazarse, promovidas por patrones similares de violencia, especulación, acumulación de capital y consumo. Sabemos que son las mismas corporaciones de la industria fósil las que ahora intentan limpiar su imagen financiando parques eólicos, aun si abren pozos de fracking y expanden gasoductos en otras partes. Sabemos que las inversiones a la transición están desarrollando nuevas actividades extractivas con modos de operación igualmente peligrosos y agresivos: de Casamance y Covas de Barroso hasta el Magdalena Medio, las comunidades y ecosistemas se enfrentan a minas de metales raros, a la refuncionalización de infraestructuras para explotar hidrógeno, al despojo que traen los mega-parques industriales. Sabemos que las medidas paliativas del mercado como los bonos de carbono no hacen sino aumentar la privatización de los bienes comunes y la mercantilización de la naturaleza. Sabemos que la verdadera discusión está en la propiedad del crédito y que la verdadera transición será la transición ecológica y económica, plural, comunitaria y justa. 

Porque sabemos que todo eso que vemos y sentimos podría también ser de otro modo. Hace apenas unas décadas las finanzas por lo menos eran mayoritariamente públicas, existían mecanismos de control y límites a los flujos de capital, y soberanía en la política monetaria y el destino de las inversiones. Hoy los controles existen sólo hacia nuestras vidas, en la militarización y administración de nuestros territorios, y las regulaciones sólo se enmarcan en términos de estabilidad financiera, es decir, en términos de mantener la estabilidad de la acumulación y la concentración del capital transnacional. Los Estados, por su parte, son cooptados o sometidos a través de tratados y normativas que imponen ajustes estructurales y condicionan la posibilidad de diseñar otro tipo de políticas públicas. Y las instituciones internacionales y los foros intergubernamentales que se encuentran en la cima de la pirámide del capitalismo transnacional se esconden bajo tecnicismos y comités de expertos para mantener la voluntad política de seguir reproduciendo ese sistema neocolonial. Sabemos que esas instituciones deben ser denunciadas, presionadas, vigiladas, reinventadas, desmanteladas y que el cambio sólo puede venir de la organización de nuestros movimientos. Sabemos que no estamos solos. Sabemos que para seguir siendo lo que somos, tenemos que encontrarnos y conocernos. 

III. Lo que queremos, por lo que luchamos

Durante el Foro de los Pueblos se encontraron organizaciones, saberes y experiencias de lugares distantes del planeta. Estrategas financieros belgas se enzarzaron con la sabiduría ancestral de los pueblos originarios, expertas holandeses en riesgos y líderes comunitarias sudafricanas se sentaron a discutir alrededor de la misma mesa. Mientras se entrecruzan intuiciones provenientes de visiones y tradiciones distintas, comenzamos a diseñar estrategias hacia la recuperación del crédito como un bien común, la autodeterminación de los pueblos y la democratización y descolonización de nuestras sociedades. Algo que implica resistir y reescribir las reglas de las actuales instituciones financieras, y construir alternativas al capitalismo transnacional. 

Sabemos que el diseño estructural de las infraestructuras e instituciones capitalistas fomenta el caos climático a través de modelos neocoloniales de explotación. Somos conscientes del peso que tienen estas estructuras de poder a la hora de moldear nuestros paisajes y nuestras sociedades. Esto no significa, sin embargo, que las instituciones e infraestructuras tal y como son hoy, tengan que seguir siendo igual mañana. Los cambios son impulsados por los movimientos desde abajo, articulando alianzas improbables como las que estamos tejiendo aquí. En los párrafos que siguen hemos recogido nuestras reivindicaciones comunes en relación con las instituciones financieras, los gobiernos del Norte y del Sur, así como nuestros llamados a todos los demás colectivos y ONGs que luchan por una realidad financiera más justa y descolonial, capaz de afrontar adecuadamente las consecuencias de la violencia que se ha infligido y se sigue infligiendo al planeta, sus ecosistemas y sus pueblos. Enfocarse en el sistema financiero debe entenderse, por lo tanto, como un paso dentro de un camino más largo y amplio hacia otros mundos posibles.

Principios auténticamente democráticos y decoloniales guían nuestra ambición: el sistema financiero debe originarse y estar al servicio de la voluntad de las comunidades y los ecosistemas locales, debe trabajar por la construcción de sociedades deliberativas que garanticen la agencia y la inclusión. Para empezar, debemos refundar el crédito, para que deje de estar en manos de esas máquinas de lucro. El crédito no es otra cosa que un permiso para emplear parte de las fuerzas productivas de la sociedad. Por su monopolio sobre la creación de crédito, los banqueros han usurpado el control sobre este bien común fundamental que determina las direcciones en las que se mueve la sociedad. El crédito actual está estructuralmente diseñado para servir a intereses privados. Hay que cambiar sus finalidades. Queremos un crédito cooperativo al servicio de las comunidades. Un crédito pensado para reparar las consecuencias salvajes del extractivismo. En lugar de una promesa de pago al servicio de la acumulación, el crédito debería convertirse en el compromiso colectivo de regeneración social y ecológica, en una promesa de recompensa para todos.

Más aún, exigimos a las instituciones financieras y a todas las cumbres asociadas que respeten la autodeterminación de los pueblos originarios, así como de todas las demás comunidades, rurales o no, que no están dispuestas a renunciar a sus formas de organización, sus territorios y sus recursos en nombre del lucro. Los tratados y convenios internacionales protegen el derecho de los pueblos a la autodeterminación: el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas deben ser respetados por las empresas in situ y por sus organismos de financiación. Estamos decididos a condenar a todos los directivos, asesores y empresarios responsables de las innumerables violaciones infligidas a miríadas de territorios contaminados, usurpados y devastados.

Estamos decididos a desmantelar los sistemas de corrupción, desintegración e intimidación que ellos han impuesto a las comunidades cuyos suelos y mares han sido explotados, dejándonos sólo la opción desesperada de aceptar la implantación de sus mortíferas infraestructuras "modernas". Estamos aquí también para reclamar las competencias técnico-económicas y el capital que el sistema financiero ha acumulado como compensación mínima de la deuda que tienen con nosotros por haber aniquilado nuestros medios de subsistencia. Sembraremos un modo de vida alternativo que garantice nuestra subsistencia sin tener que emigrar, sin engrosar las filas de la mano de obra explotada y sin llenar las filas armadas del crimen organizado. Exigimos compensaciones técnicas y financieras sistémicas y redistribución económica para todas las comunidades que están comprometidas con la defensa de sus tierras y territorios contra la expansión de la industria fósil; a todas las comunidades que están lidiando con lo que les dejaron: suelos infértiles, ríos contaminados, niños del petróleo, violaciones en campamentos de hombres, ecosistemas marinos destruidos, aumento de la leucemias y otras enfermedades. No se permitirá que los bancos, las cumbres y los comités financieros afirmen estar trabajando en la construcción de un futuro verde sostenible sin que se hayan dado ningún paso real en esa dirección. Estamos aquí para deconstruir sus discursos y señalarlos públicamente por la destrucción oculta que se esconde incómodamente tras el lavado de su imagen a través del greenwashing. 

Las entidades financieras son responsables

Los órganos internacionales y los organismos responsables de establecer estándares normativos - como el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB), la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), así como los reguladores financieros nacionales, los supervisores bancarios y los bancos centrales deben ser obligados a reconocer la primacía de los derechos humanos y ambientales sobre cualquier acuerdo comercial o de inversión. Para esto, los ministros de finanzas del G7 y del G20 deben reconocer y acordar que una definición radicalmente diferente del riesgo es un componente crítico en la reforma del sistema financiero para avanzar hacia la seguridad ambiental y climática. Los ministros de finanzas del G7 y el G20 deben clarificar los mandatos de los cuerpos internacionales, de los reguladores y los supervisores bancarios para asegurarse que consideren de forma explícita el cambio climático, y las degradaciones ambientales y sociales como las mayores amenazas contra la humanidad y contra el sistema financiero mismo. Nuestra vida no se negocia. 

Los actores financieros deben dejar de esconderse detrás de complejidades y cálculos técnicos, deben dejar de utilizar sus estudios de impacto como una excusa cegadora para ignorar los daños ambientales y sociales de sus acciones. Al igual que las empresas que operan en el campo, son corresponsables por cada defensor de la naturaleza asesinado, por cada pescador hambriento y cada costa que se cubre de petróleo. Las empresas y las instituciones de inversión deben rendir cuentas y asumir responsabilidad por el seguimiento, control y auditoría de los proyectos, no sólo para evitar la inestabilidad económica, sino también para garantizar la viabilidad socioambiental. Debe existir una responsabilidad civil, penal y administrativa conjunta a lo largo de las cadenas globales de producción: todas y cada una de las partes implicadas en un proyecto, incluidos los inversores y las agencias de evaluación de riesgos, deben responder por partes o por la totalidad del proyecto que patrocinaron o pagaron. La distancia entre el origen del capital y sus impactos en territorios alejados de la vista ya no debe ser una excusa para seguir perpetuando la impunidad. 

Un principio de precaución exige un enfoque prospectivo de la planificación financiera y la regulación, y requiere tener en cuenta los efectos a largo plazo del cambio climático y la pérdida de biodiversidad que las actividades extractivas tienen sobre los ecosistemas. Un principio de precaución decolonial exige además equilibrar la necesidad de coherencia global con el reconocimiento de que algunos de los territorios históricamente colonizados y sometidos y algunas comunidades desfavorecidas de los países ricos pueden necesitar más tiempo y apoyo para lograr estas transformaciones.

Sobre la base de estos dos principios de corresponsabilidad y precaución, deben imponerse medidas adecuadas para responder a todas las siguientes exigencias:

En primer lugar, exigimos el reconocimiento crítico de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y tradicionales, así como el respeto a sus formas de vida y a sus sistemas de conocimiento. Entre otros, las instituciones financieras deben respetar el derecho de estas últimas al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y la consulta previa vinculante en relación con los proyectos que puedan afectar a sus territorios o formas de vida. También se prestará especial atención al Derecho a Decir No, que refuerza el derecho central de las comunidades en general, sean autóctonas o no, a rechazar propuestas si los resultados de las negociaciones no son satisfactorios. Este concepto crucial amplifica las voces de las comunidades y exige a las empresas que valoren la sabiduría indígena y el derecho consuetudinario. Así pues, concebimos el Derecho a Decir No como una herramienta a favor de la autodeterminación y el autogobierno, que permite a las comunidades configurar su propio modelo de crecimiento a través de legislaciones locales y métodos que vengan desde abajo. 

En segundo lugar, exigimos el corte inmediato del apoyo financiero a la industria fósil. Por el bien de la humanidad, de la naturaleza, del clima y de la estabilidad financiera, los reguladores financieros y los bancos centrales deben alejar a todo el sector financiero de la destructiva y arriesgada industria de los combustibles fósiles. Se trata de una responsabilidad para con las generaciones pasadas, presentes y futuras. Más concretamente, exigimos la implementación de las siguientes reformas concretas al sistema financiero, reformas que representan primeros pasos plausibles en la dirección necesaria: 

1. La aplicación de la regla prudencial “uno por uno” para cualquier financiamiento de la industria fósil. Esto es, un marco regulatorio que exige a los bancos y a las compañías de seguros a respaldar 100% de cualquier financiamiento que provea a compañías y proyectos de combustibles fósiles con sus propios recursos (capital), dado el riesgo inacceptable que entrañan (incluyendo la deforestación y la degradación ecosistémica). 
2. La aplicación de un colchón contra el riesgo sistémico que refleje la dimensión sistémica del cambio climático, que afectará a empresas e instituciones financieras de todas las economías y zonas geográficas.
3. La revisión del umbral de grandes exposiciones y de las ponderaciones crediticias del riesgo para las exposiciones sujetas a elevados riesgos de transición más allá del sector de los combustibles fósiles
4. Consideración de los riesgos a la biodiversidad en las normas vigentes para las instituciones financieras.

El Consejo de Estabilidad Financiera debería considerar el cambio climático, la degradación ambiental y la pérdida de la biodiversidad desde una perspectiva más amplia de estabilidad financiera, más allá del sector bancario y de seguros. El principio de doble materialidad debería estar en el centro de sus consideraciones: por un lado, las instituciones financieras enfrentan riesgos financieros debido a su dependencia en el clima y la naturaleza, por el otro, fomentan actividades destructoras del clima y la naturaleza que aumentan los riesgos para el planeta y las instituciones mismas. Los órganos que establecen los estándares a nivel internacional - el CSBB y la IAIS -  deberían revisar sus guías normativas e implementar los pasos necesarios, como se ha mencionado más arriba. 

1. El CEF, el CSBB y la IAIS deben adecuarse a un calendario acelerado conforme a los resultados esperados y anunciar rutas plausibles para cumplier esta nueva agenda

En tercer lugar, debemos asegurarnos que los derechos humanos y ambientales prevalezcan sobre los beneficios privados. Las empresas y las instituciones financieras deben estar reguladas nacional e internacionalmente por las legisalciones de derechos humanos y ambientales, y deben rendir cuentas legalmente por cualquier violación de la salud, la vida, el agua y la autodeterminación de los pueblos, derechos humanos fundamentales que se ven sistemáticamente amenazados por las industrias extractivas. Esto significa que no debe permitirse ningún respaldo financiero a actividades que conduzcan a la deforestación y a la destrucción de ecosistemas críticos como mares, humedales, selvas tropicales y la criosfera. Los proyectos no pueden ni deben destruir o romper los ciclos naturales de regeneración de los ecosistemas, perdiendo así su capacidad de recuperación y de dar vida. 

En cuarto lugar, exigimos a todas las grandes instituciones financieras que descolonicen las finanzas mundiales. Su función debe transformarse fundamentalmente para abordar las necesidades tanto del Sur Global como de las generaciones venideras. Las trampas actuales de la deuda asociadas al desarrollo y la ayuda en caso de catástrofe, los sistemas injustos de calificación crediticia, el control del Norte Global sobre las votaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la asignación de activos de reserva, las medidas de ajuste estructural y austeridad, entre otras políticas, sustentan prácticas coloniales. Es esencial promover una representación equitativa de las naciones del Sur Global y de sus bancos centrales en los espacios de toma de decisiones financieras y en el establecimiento de normas globales. 

En quinto lugar, el Sur Global "debe" billones de dólares en deuda y, al mismo tiempo, posee billones de dólares en combustibles fósiles que se ve obligado a extraer para pagar. Dicha deuda ha sido contraída por la dictadura de las transnacionales, impuesta por la agenda neocolonial del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el G7. Es, pues, ilegítima y debe ser anulada. Porque impide a los países desarrollar políticas públicas que beneficien a sus pueblos: anular la deuda del Sur global es garantizarles un espacio político y económico para desarrollar políticas de protección de los diferentes modos de vida centradas en la reproducción de la vida, de las comunidades y de los ecosistemas. Cancelar esa deuda significa engendrar la posibilidad de una transición energética justa y autodeterminada, recuperando la capacidad de invertir en lugar de que se impongan los impactos de las inversiones que vienen de otros lugares.

Todas las fuerzas contestatarias deben alzarse contra el capitalismo transnacional y el sistema financiero deberá cambiar

Nuestras reivindicaciones político-financieras son ambiciosas, redactadas con la intención específica de cuestionar las raíces del sistema que controla el 90% del capital disponible en el mundo. Comenzaremos ahora a trabajar en su concreción. Declaramos así nuestro compromiso de fortalecer los procesos de resistencia de las alternativas locales, autónomas y comunitarias que luchan contra el capitalismo verde y por la creación de economías de subsistencia y autosostenibles. Invitamos a todas las organizaciones, a todos los colectivos y a todos los individuos que tengan los medios para hacerlo a que aprovechen su oportunidad ahora. Todas las campañas internacionales e interseccionales existentes que luchan contra la impunidad corporativa, la deuda climática, el despojo de tierras y territorios, la pobreza energética y la financiación de proyectos extractivistas deben tejer una red y levantarse juntas. También denunciamos públicamente la persecución sistemática de activistas y defensores de la naturaleza en todo el mundo, y pedimos la creación de mecanismos de protección y redes de apoyo y solidaridad que garanticen su seguridad. 

Pedimos a todas las fuerzas contestatarias y a las personas comprometidas que se enfrenten a las instituciones que gobiernan el capitalismo transnacional y luchen por una transformación radical de nuestros sistemas económicos y financieros. Invitamos a emprender acciones y movilizaciones en todo el mundo para presionar a los reguladores, los organismos normativos, los bancos centrales, las agencias de calificación de riesgo y otros actores financieros para que tengan en cuenta el riesgo climático y social a largo plazo a la hora de establecer sus políticas y evaluar el riesgo de las empresas.

Luchamos por lo más pequeño: un planeta habitable y común. Un mundo en el que se aprecien la vida y la diferencia, en lugar de estandarizarlas y venderlas. Un tiempo que reconozca los pasados dolorosos y aborde los presentes inciertos para permitir que florezcan múltiples futuros. Luchamos por formas de vida post-extractivistas, en las que el poder y el crédito residan en nuestras comunidades, no en intereses privados y corporaciones. Luchamos por la autodeterminación de nuestros pueblos y la democratización de nuestras sociedades. Luchamos por formas de relación no capitalistas y descoloniales. Luchamos por recuperar el crédito y acabar con las finanzas del extractivismo fósil.