Nuestras exigencias

Exigimos el corte inmediato del apoyo financiero a la industria fósil. Por el bien de la humanidad, de la naturaleza, del clima y de la estabilidad financiera, los reguladores financieros y los bancos centrales deben alejar a todo el sector financiero de la destructiva y arriesgada industria de los combustibles fósiles. Se trata de una responsabilidad para con las generaciones pasadas, presentes y futuras. Más concretamente, exigimos la implementación de las siguientes reformas concretas al sistema financiero, reformas que representan primeros pasos plausibles en la dirección necesaria:

a) La aplicación de la regla prudencial “uno por uno” para cualquier financiamiento de la industria fósil. Esto es, un marco regulatorio que exige a los bancos y a las compañías de seguros a respaldar 100% de cualquier financiamiento que provea a compañías y proyectos de combustibles fósiles con sus propios recursos (capital), dado el riesgo inacceptable que entrañan (incluyendo la deforestación y la degradación ecosistémica).

b) La aplicación de un colchón contra el riesgo sistémico que refleje la dimensión sistémica del cambio climático, que afectará a empresas e instituciones financieras de todas las economías y zonas geográficas.

c) La revisión del umbral de grandes exposiciones y de las ponderaciones crediticias del riesgo para las exposiciones sujetas a elevados riesgos de transición más allá del sector de los combustibles fósiles

d) Consideración de los riesgos a la biodiversidad en las normas vigentes para las instituciones financieras.

El Consejo de Estabilidad Financiera debería considerar el cambio climático, la degradación
ambiental y la pérdida de la biodiversidad desde una perspectiva más amplia de estabilidad
financiera, más allá del sector bancario y de seguros. El principio de doble materialidad debería
estar en el centro de sus consideraciones: por un lado, las instituciones financieras enfrentan
riesgos financieros debido a su dependencia en el clima y la naturaleza, por el otro, fomentan
actividades destructoras del clima y la naturaleza que aumentan los riesgos para el planeta y las instituciones mismas. Los órganos que establecen los estándares a nivel internacional – el CSBB y la IAIS – deberían revisar sus guías normativas e implementar los pasos necesarios, como se ha mencionado más arriba.

a) El CEF, el CSBB y la IAIS deben adecuarse a un calendario acelerado conforme a los resultados esperados y anunciar rutas plausibles para cumplier esta nueva agenda

Exigimos el reconocimiento crítico de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y tradicionales, así como el respeto a sus formas de vida y a sus sistemas de conocimiento. Entre otros, las instituciones financieras deben respetar el derecho de estas últimas al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y la consulta previa vinculante en relación con los proyectos que puedan afectar a sus territorios o formas de vida. También se prestará especial atención al Derecho a Decir No, que refuerza el derecho central de las comunidades en general, sean autóctonas o no, a rechazar propuestas si los resultados de las negociaciones no son satisfactorios. Este concepto crucial amplifica las voces de las comunidades y exige a las empresas que valoren la sabiduría indígena y el derecho consuetudinario. Así pues, concebimos el Derecho a Decir No como una herramienta a favor de la autodeterminación y el autogobierno, que permite a las comunidades configurar su propio modelo de crecimiento a través de legislaciones locales y métodos que vengan desde abajo.

Debemos asegurarnos que los derechos humanos y ambientales prevalezcan sobre los beneficios privados. Las empresas y las instituciones financieras deben estar reguladas nacional e internacionalmente por las legisalciones de derechos humanos y ambientales, y deben rendir cuentas legalmente por cualquier violación de la salud, la vida, el agua y la autodeterminación de los pueblos, derechos humanos fundamentales que se ven sistemáticamente amenazados por las industrias extractivas. Esto significa que no debe permitirse ningún respaldo financiero a actividades que conduzcan a la deforestación y a la destrucción de ecosistemas críticos como mares, humedales, selvas tropicales y la criosfera. Los proyectos no pueden ni deben destruir o romper los ciclos naturales de regeneración de los ecosistemas, perdiendo así su capacidad de recuperación y de dar vida.

El Sur Global “debe” billones de dólares en deuda y, al mismo tiempo, posee billones de dólares en combustibles fósiles que se ve obligado a extraer para pagar. Dicha deuda 15 ha sido contraída por la dictadura de las transnacionales, impuesta por la agenda neocolonial del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el G7. Es, pues, ilegítima y debe ser anulada. Porque impide a los países desarrollar políticas públicas que beneficien a sus pueblos: anular la deuda del Sur global es garantizarles un espacio político y económico para desarrollar políticas de protección de los diferentes modos de vida centradas en la reproducción de la vida, de las comunidades y de los ecosistemas. Cancelar esa deuda significa engendrar la posibilidad de una transición energética justa y autodeterminada, recuperando la capacidad de invertir en lugar de que se impongan los impactos de las inversiones que vienen de otros lugares.

Exigimos a todas las grandes instituciones financieras que descolonicen las finanzas mundiales. Su función debe transformarse fundamentalmente para abordar las necesidades tanto del Sur Global como de las generaciones venideras. Las trampas actuales de la deuda asociadas al desarrollo y la ayuda en caso de catástrofe, los sistemas injustos de calificación crediticia, el control del Norte Global sobre las votaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la asignación de activos de reserva, las medidas de ajuste estructural y austeridad, entre otras políticas, sustentan prácticas coloniales. Es esencial promover una representación equitativa de las naciones del Sur Global y de sus bancos centrales en los espacios de toma de decisiones financieras y en el establecimiento de normas globales.